Tribunal de Nueva York escucha argumentos en demanda por el 11-S

La Corte de Apelaciones en Nueva York ha escuchado recientemente los argumentos legales tanto de los abogados de las familias de las víctimas del 11 de septiembre como de los representantes del gobierno de Arabia Saudita. Esta sesión forma parte de una prolongada batalla judicial en la que los demandantes buscan llevar el caso a juicio. Casi 3,000 personas perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, cuando aviones comerciales fueron secuestrados y estrellados contra el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono y un campo en Pensilvania. Desde entonces, las familias han buscado incansablemente esclarecer responsabilidades y posibles complicidades institucionales.

En el centro de esta apelación se encuentra la acusación de que un ex empleado del gobierno saudí, Omar al-Bayoumi, apoyó deliberadamente a dos de los secuestradores que perpetraron los atentados. Las familias sostienen que Bayoumi operaba junto a una red de funcionarios vinculados al Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudita. Bayoumi, actualmente jubilado de la administración pública, ha negado persistentemente saber que los dos hombres eran secuestradores o haber tenido participación en el 11-S. Asimismo, el reino saudí ha rechazado categóricamente cualquier insinuación de complicidad y argumenta que, como estado soberano extranjero, goza de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

El camino legal hasta esta instancia ha sido extraordinariamente complejo. Las familias presentaron la demanda inicial en 2002, pero se enfrentaron a importantes barreras debido a las protecciones tradicionales de los estados extranjeros. Para superar este obstáculo, los demandantes dedicaron años a presionar al Congreso de los Estados Unidos para lograr una enmienda a la ley de inmunidad soberana. En 2016, el Congreso aprobó la Ley de Justicia Contra Patrocinadores del Terrorismo, conocida como JASTA, la cual permite interponer demandas civiles contra un estado extranjero por daños derivados de actos de terrorismo internacional.

En agosto de 2025, un tribunal federal de distrito en Manhattan dictaminó que las familias de las víctimas habían presentado suficientes pruebas para cumplir con los requisitos de dicha ley, permitiendo que el caso avanzara hacia un juicio. Al apelar dicha decisión, el asesor legal de Arabia Saudita, Gregory Rapawy, argumentó ante la corte de apelaciones que aún existían cuestiones fundamentales de los hechos sin resolver, como la naturaleza exacta del empleo de Bayoumi. En respuesta, el abogado de las familias, Gavin Simpson, sostuvo que el tribunal inferior ya había establecido que las acciones de Bayoumi no eran de un simple buen samaritano, sino que seguían instrucciones del estado.

Durante la audiencia, el panel de jueces evaluó la posibilidad de devolver el caso al tribunal de distrito para obtener determinaciones de hechos más concretas, lo que podría implicar testimonios de testigos presenciales. Al concluir la sesión, el juez William Nardini señaló que se trataba de un caso difícil y que el tribunal tomaría el asunto bajo deliberación para emitir un fallo en una fecha posterior.